Cuando tenía 13 años Norma (nombre protegido) fue violada por su padre, producto de la agresión sexual incestuosa se quedó embarazada, “… él murió sin que hubiera ninguna sanción”. Como esta historia había más de once en unos carteles sobre sillas escolares en el bulevar de la Asamblea Nacional la mañana de este miércoles 29 de mayo; todas, sobre niñas que fueron víctimas de violación y fueron forzadas al embarazo y a la maternidad. A pocos metros de la instalación, las organizaciones sociales Observatorio Social del Ecuador, Fundación Desafío y Surkuna informaron sobre la demanda internacional contra el Estado ecuatoriano –interpuesta hoy en Ginebra (Suiza) ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas– por una serie de negligencias, omisiones y violaciones a los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de Norma.
A decir de Margarita Velasco, directora del Observatorio Social, cada año 2.700 niñas menores de 14 años en Ecuador (datos del estudio de los investigadores Llerena Pinto, publicado en 2018) tienen un parto producto de una violación. Esta y otras cifras alarmantes (como que probablemente solo 3 casos de violaciones a niñas se denuncian por día, y no la totalidad de las agresiones) fueron respaldadas por Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, y la abogada Mayra Tirira, del Centro de Protección de Derechos Surkuna.
En el caso de Norma, ahora de 19 años, de haberse procedido como rige la legislación ecuatoriana, el aborto no estaba sancionado. Así consta en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, inciso 1: Aborto no punible “Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.” De hecho, en 2014, un año después de que Norma quedó embarazada, el Ministerio de Salud Pública tenía la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico, y que entró en vigencia desde el 20 de noviembre de ese año.
El embarazo, que ya es un proceso de riesgo en cualquier mujer adulta, en niñas y adolescentes implica un inminente peligro para su salud y su vida. Lo dicen informes de 2008 de Unicef, 2012 de la Organización Mundial de la Salud, 2013 de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y, en Ecuador, el estudio Vidas Robadas, situación de la maternidad forzada en niñas (2016) de Virginia Gómez de la Torre, Paula Castello y María Rosa Cevallos, publicado por Fundación Desafío.
Justamente la Asamblea debe preparar el segundo debate de las reformas al COIP, el 9 de mayo de este año el informe de la Comisión de Justicia aprobó para su discusión cuatro causales de aborto no punible: aborto por violación, incesto, inseminación no consentida y malformación genética. Según Gómez de la Torre, la aprobación definitiva de esas causales como modificación de los dos incisos no punibles de aborto en el Código vigente haría del Ecuador “un Estado que no encubre violadores”. Respecto al incesto, Velasco fue enfática: es una problemática que el país debe poner atención, pues es el tipo de agresiones sexuales más frecuentes hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas y no hay nada que lo prevenga y sancione. Múltiples investigaciones psicológicas, antropológicas, y de muchas ramas de la medicina, señalan al incesto como una de las experiencias más traumáticas y desestructurantes en la vida de niñas y niños, y de cualquier persona.
Los carteles sobre las bancas mencionaban violaciones repetidas desde edades muy tempranas, incesto (agresiones sexuales de miembros de la familia), embarazos forzados, muerte materna y suicidios; Katy, Cristina, Carla, Lucía, y muchas más. Poquísimas transeúntes, es conocido que el bulevar de la Asamblea no tiene concurrencia peatonal considerable, se fijaron en el silencio de esas bancas, ubicadas a las espaldas de los medios, a un costado del edificio legislativo y a unos metros de la Maternidad Isidro Ayora. Como si fuesen una metáfora del incesto, la violación y el embarazo en niñas: pasa más cerca de lo que se cree, en la familia, en la escuela, en el barrio, y no las estamos escuchando.
La demanda interpuesta hoy en Ginebra contra Ecuador no fue la única, tres casos más por violaciones de derechos a niñas tendrán que responder los estados de Guatemala y Nicaragua. De ahí que el Centro de Derechos Reproductivos, Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, la Asociación de Mujeres Axayacatl (Nicaragua), Planned Parenthood y las organizaciones ecuatorianas mencionadas llamen a esta iniciativa “Golpe Regional”. Sin embargo, en nuestro país es Norma la que, a sus 19 años, demanda al Ecuador para que repare sus derechos y se reconozcan las múltiples vulneraciones a las que fue sometida.
