Contra la impunidad del sistema de justicia y la sociedad en el feminicidio de María Belén Bernal Otavalo. El feminicidio de Belén no solo nos ha conmovido sino que detonó una ola de rabia en todo Ecuador. A las mujeres nos rompieron el corazón, pero nosotras encendimos la hoguera que amplifica nuestras voces para hacer eco de la memoria de María Belén.
El Feminicidio de Belén ocurrió a oídos de comandantes, cadetes y funcionarios dentro de la Escuela Superior de Policía «Gral. Alberto Enríquez Gallo”, en el Distrito Metropolitano de Quito.
Ma. Belén, abogada de 34 años de edad, desapareció el 11 de septiembre luego de ingresar esa madrugada a la escuela de Policía a ver a su esposo Germán Cáceres quien era instructor y teniente de policía. Según declaraciones de la cadete Joselyn Sánchez, testigo más cercana y única detenida con quien, según la familia Bernal, Cáceres habría tenido una relación sentimental, esa noche Belén y su esposo discutieron. En su declaración publicada por el medio La República afirma que “se escuchaban golpes y ella gritaba auxilio, me matan”, contó que 10 minutos después “todo fue calma” pero luego escuchó salir a Cáceres arrastrando algo, “daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas, cada dos pasos golpes en las gradas”. Al menos 30 personas de la policía escucharon sus gritos, de Belén hubo registro de su ingreso, pero no de su salida. Su cuerpo sin vida fue hallado 10 días después en el cerro Casitagua, a 20 minutos del lugar de los hechos. Las declaraciones del comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, afirmaron que la causa de muerte de María Belén Bernal fue por estrangulamiento y asfixia.
El principal sospechoso, Germán Cáceres, logró escapar luego de una serie de fallos y actos negligentes por parte de la Policía y la Fiscalía. Tras realizar la denuncia por la desaparición de su esposa el lunes 12 de septiembre, Cáceres asistió junto a Elizabeth Otavalo, madre de Ma. Belén, a la inspección en la habitación de la escuela de Policía. Los primeros indicios fueron una gota de sangre que no fue evaluada porque Cáceres se negó. Al día siguiente el sospechoso fue retenido desde las 14:40 hasta las 22:40 luego de que entidades a cargo realizaran varios allanamientos y pruebas forenses. Cáceres rindió dos versiones contradictorias pero el fiscal consideró que no tenía las pruebas suficientes para presentar cargos en su contra. Según el comandante de la Policía Fausto Salinas, fue después de 6 horas que la Fiscalía concedió la solicitud de vigilancia y seguimiento, pero durante ese tiempo Cáceres fácilmente logró huir.
Hoy Cáceres está prófugo y forma parte de la lista de los diez más buscados por “femicidio”, el término tipificado en el Código Integral Penal-COIP que sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 23 años a: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”.
El término Feminicidio, que se usa desde los feminismos y familiares de las víctimas, en cambio pone atención en que el Estado y la sociedad son responsables al no realizar acciones para prevenir, erradicar y proteger a las mujeres para que vivan una vida libre de violencia. Según El País este término se ha venido nombrando desde mediados de la década de los 80’, pero fue en México en 2011 donde se tipificó por primera vez en el Código Penal Federal. Este cambio fue posible tomando en cuenta las reinterpretaciones de la antropóloga Marcela Lagarde y el contexto de violencia que viven las mujeres en México, particularmente en el caso de las mujeres encontradas en campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
La Declaración de Viena contra el Feminicidio, creada en 2012 por el Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas (ACUNS) lo considera “una crisis global” que requiere de la respuesta y soluciones de todos los Estados. Según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador se han reportado 206 feminicidios entre el 01 de enero hasta el 3 de septiembre de 2022. Esta es la cifra más alta desde el 2014 cuando se tipificó el femicidio y se ha hecho un registro en el sistema de justicia. Cada 28 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Ecuador. El mapeo señala también que: “de las 206 mujeres, 32 tenían antecedentes de violencia y 8 tenían boletas de auxilio. Es decir que son femicidios que pudieron evitarse”.
A propósito de estas cifras en 2020 el Estado ecuatoriano gobernado por Guillermo Lasso redujo el 84% del presupuesto asignado para la prevención y erradicación de la violencia de género. “En 2019, la Secretaría de Derechos Humanos, encargada de la implementación de la ley, tenía un presupuesto de 18 millones de dólares, pero en 2020, este se redujo a 11 millones de dólares.” El último boletín de prensa de la entidad garantiza $2,17 millones de dólares para los meses de enero, febrero y marzo de 2022.
Para Lagarde: “Este crimen (feminicidio) sucede en los países porque no han avanzado hacia la igualdad, porque hay enormes desigualdades entre mujeres y hombres. El Estado es muy laxo, entonces el Estado es parte del problema y se vuelve cómplice.”
La lucha por esclarecer los hechos ocurridos contra Ma. Belén para obtener justicia la encabeza Elizabeth Otavalo, su madre, quien también está al cuidado de su nieto de 13 años, un adolescente a quien le arrebataron la persona más importante de su pequeña vida. “Espero que no me dejen sola, este es el inicio de una lucha” dijo durante el velorio en el teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Elizabeth pide justicia por las inconsistencias ejecutadas por la Policía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior durante todo el proceso de desaparición y búsqueda de su hija, las que cataloga como Crimen de Estado.
Elizabeth reclama: “Existe un espíritu de cuerpo latente en la Policía Nacional que no se rompe”. Para María Fernanda Noboa, experta en seguridad, lo que existe es una desfiguración de lo que se llama “espíritu de cuerpo”. En una entrevista realizada en un canal nacional añade: “Si aludimos a las teorías de Bourdieu y otros teóricos que han trabajado sobre las geografías del cuerpo, sabemos que el mismo uniforme, la misma disciplina, el mismo corte de cabello, etc., son una forma simbólica de transversalizar el cuerpo civil para volverlo cuerpo policial. Y esto viene aparejado también de comportamientos simbólicos como la obediencia y la disciplina”. En una institución jerárquica y patriarcal como la Policía Nacional el Estado se vuelve cómplice de la violencia basada en género porque no crea las condiciones necesarias para que las mujeres vivamos con el respeto a nuestros derechos humanos.
La institucionalidad ulcerada de la Policía Nacional nos hace recordar el secuestro, la tortura, asesinato y desaparición forzada de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo ocurridos hace 34 años en manos de miembros de esta entidad. Todo el proceso lleno de silencios, complicidad y mentiras se pueden ver en el documental “Con mi corazón en Yambo” dirigido por la hermana menor de ambos, Ma. Fernanda Restrepo, y publicado en 2011. En una entrevista sobre aquellos días ella recuerda que “…el poder político en estos casos siempre ha jugado el papel del silencio, de encubrir, de darle la espalda a los familiares de las víctimas y, más bien, de cuidar como sea su supuesta institucionalidad”, refiriéndose a los muchos días que pasaron para que el presidente de la República y el Exministro del Interior Patricio Carrillo den unas declaraciones certeras debido a la presión social.
El 23 de septiembre de 2022 el presidente Guillermo Lasso aseguró en cadena nacional que «El siguiente paso será fortalecer la lucha en contra de la violencia de género». Expertas piden a la Secretaría de Derechos Humanos trabajar de manera transversal con otras instituciones, que las acciones sean preventivas y ya no remediales. Elizabeth Otavalo, madre de Ma. Belén, pidió celeridad y transparencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional el pasado 27 de septiembre. Ella ha declarado que la búsqueda de su hija se inició por presión social mediática sin una hoja de ruta, con trabas, omisiones y sin las herramientas necesarias.
La historia de Ma. Belén Bernal nos ha sacudido de todas las formas: como mujeres, como hijas, madres, tías, etc. Si bien su caso recae sobre la responsabilidad de las estructuras políticas de este país, también nos ha hecho profundizar sobre las otras formas que sostienen la estructura de la violencia contra las mujeres, como la tolerancia de una sociedad que ahora juzga su vida privada para minimizar su feminicidio, la cosificacion y vulnerabilidad a la que nos someten en la calle, el miedo a que nos mate cualquier persona en quien confiamos, y quizás, también, la de una idea de amor que nos coloca siempre en segundo plano.
A propósito de estos días de rabia y dolor exigimos:
Que la muerte de Ma. Belén y de todas las demás víctimas de feminicidio no queden en la impunidad.
Que la justicia sea transparente y oportuna para que responda a las familias de las víctimas de feminicidio, en especial a las niñas y niños que han quedado en orfandad.
Que el Estado transversalice el enfoque de género en todas las instituciones y así garantice una vida libre de violencia para las mujeres y niñas.
Que seamos más conscientes de que el cambio estructural no solamente tiene que ver con cambios en estructuras políticas, sino también culturales, sociales y familiares, de las cuales también, como mujeres, hemos sido víctimas.
Que todas tengamos acceso a espacios de acompañamiento para salir de los círculos de violencia.
Que desmontemos la culpa y el amor romántico.
“Si una mujer cambia, cambia ella, pero si cambiamos todas cambia el género.” (Marcela Legarde)
Por Ma. Belén y todas las que nos faltan. Nos queremos vivas.
